Adopción de la Ley Modelo Interamericana: Una historia de activismo y abogacía política de MenEngage

- Publicado el
- 19 feb 2026
- Publicado por
- MenEngage Alliance
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Basándose en su propia experiencia de abuso digital, Olimpia Coral Melo impulsó un movimiento al que se sumaron organizaciones feministas y miembros de la Alianza MenEngage en toda América. En septiembre de 2025, sus esfuerzos dieron lugar à la adopción de la Ley Modelo Interamericana, un paso histórico para prevenir y castigar la violencia de género, ignorada durante mucho tiempo debido a las normas patriarcales.
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En 2013, con solo 18 años, la vida de Olimpia Coral Melo se vio destrozada cuando su exnovio filtró un vídeo íntimo que se hizo viral rápidamente en su ciudad natal, Huauchinango, Puebla, en México. En lugar de recibir empatía y apoyo de su comunidad, Olimpia se encontró con juicios y etiquetas despectivas basadas en normas sociales patriarcales que la culpaban de la situación, lo que la hizo sentir violada por las mismas personas que esperaba que la apoyaran.
«En sus propias palabras, confesó que sentía como si su cuerpo hubiera sido violado por todos, todo el tiempo, y que había perdido su sentido de identidad, sintiendo como si le hubieran despojado de ella» (Suárez Estrada, 2021, p. 415).
Devastada, contempló la posibilidad de quitarse la vida. Sin embargo, reunió fuerzas y decidió acudir al sistema judicial en busca de justicia. Un agente de policía le dijo que no se había cometido ningún delito, ya que no era menor de edad y no la habían obligado a grabar ese vídeo. Además, las amenazas, el acoso y los ataques a los que se enfrentaba se producían en Internet, por lo que nada se consideraba real. Se sintió desesperada por el fracaso de las instituciones judiciales à la hora de reconocer la naturaleza de la violencia cometida contra ella.
Los problemas a los que se enfrentan mujeres como Olimpia Melo para acceder à la justicia tras sufrir violencia digital se deslegitiman con la idea de que, si el acto se llevó a cabo en el espacio virtual, el tipo de violencia no puede clasificarse, reconocerse ni aceptarse como violencia sexual y de género.
La ausencia de reconocimiento legal no se debe à la novedad de los espacios digitales, sino à la continuidad de las desigualdades de género y las normas patriarcales que durante mucho tiempo han invisibilizado las experiencias de violencia de las mujeres, ya sea en espacios públicos, privados o, ahora, virtuales. En otras palabras, dado que la mayoría de las leyes se basan en la concepción patriarcal dominante del daño, la violencia contra las mujeres a menudo se minimiza. Esto refuerza la necesidad de transformar estas normas para promover la rendición de cuentas, la atención y la justicia de género.
Por ejemplo, en todo el mundo, innumerables mujeres son víctimas de diversas formas de violencia digital, desde el acoso en línea hasta los deepfakes. Los estudios muestran que el 38 % de las mujeres han sufrido personalmente violencia en línea, mientras que el 85 % han sido testigos de abusos digitales contra otras personas, pero no existen protecciones legales para abordarlo.
Decidida a impulsar el cambio, Olimpia declaró: «Bueno, si no hay una clasificación para ese delito, hay que crearla.»
La lucha de Olimpia Coral Melo por acceder à la justicia la llevó a fundar el Frente Nacional para la Sororidad (NFS), también conocido como Defensoras Digitales, una organización dedicada à la atención integral de las víctimas de violencia digital; à la generación de informes, estadísticas y conocimientos sobre el tema desde un enfoque feminista centrado en las víctimas; y a promover reformas legales en México y otros países de la región americana para prevenir y abordar la violencia digital, incluyendo la penalización de comportamientos como las violaciones de la intimidad sexual, las amenazas à la intimidad sexual y la creación de contenido sexual sin el consentimiento de quien aparece en él, ya sea real o creado digitalmente (lo que ahora incluye los deepfakes de IA).

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A sus esfuerzos se sumaron millones de mujeres, defensores de la sociedad civil y organizaciones feministas, y con el apoyo activo de líderes como Marcela Hernández Oropa, miembro de la Alianza MenEngage, y su red nacional en México, Complices por la Igualdad, desempeñaron un papel crucial en la promoción de la Ley Olimpia. La ley lleva su nombre. La ley fue aprobada inicialmente en 26 de los 32 estados de México después de años de lucha. En 2021, la Ley Olimpia fue finalmente aprobada a nivel federal, creando clasificaciones penales para el acoso sexual, los delitos contra la intimidad sexual y una nueva categoría de «violencia digital».

Incluso después de su adopción a nivel federal, los defensores y los grupos de la sociedad civil continuaron presionando para obtener protecciones regionales más amplias porque:
- La Ley Olimpia se centró principalmente en el intercambio no consentido de material íntimo y la violencia digital de género relacionada en México.
- Los activistas, las organizaciones de derechos de las mujeres, los grupos feministas y las personas expertas reconocieron que la Ley Olimpia no cubría todo el espectro de la violencia digital, como el acoso en línea, los deepfakes, la vigilancia, el doxing, el discurso de odio por motivos de género y las responsabilidades de las plataformas.
Para abordar esta brecha más amplia, se inició un proceso regional de varios años en el marco del Mecanismo de Seguimiento à la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Reunió a autoridades nacionales, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y defensores de los derechos de las mujeres de toda América Latina y el Caribe. Este esfuerzo incluyó consultas, redacción técnica y negociaciones en las que participaron alrededor de 1000 organizaciones y especialistas de múltiples países durante varios años. Finalmente, el 10 de diciembre de 2025, en Fortaleza (Brasil), se aprobó la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres.
Esto supuso un gran avance regional en el desarrollo de un marco jurídico coordinado para proteger a las mujeres, las niñas y las adolescentes de la violencia de género facilitada por la tecnología. La ley define la violencia digital como cualquier acto, conducta u omisión de género que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o político a través de las tecnologías digitales. Presta especial atención a las mujeres y las niñas que se enfrentan a retos adicionales debido a su edad, identidad de género, orientación sexual, origen étnico, situación socioeconómica o discapacidad. Esto es importante porque la justicia debe llegar a todos, no solo a quienes tienen poder o privilegios.
Lo que hace que esta ley sea notable es que se trata de un esfuerzo coordinado en toda la región, lo que indica que la violencia digital no es solo un problema individual, sino una violación de los derechos humanos. Además, la ley se basa en la interseccionalidad y reconoce las diferentes formas en que las personas se ven afectadas y proporciona una protección justa para todos. La ley exige la rendición de cuentas a las plataformas digitales, exigiéndoles que eliminen rápidamente los contenidos nocivos, conserven las pruebas y colaboren con las autoridades. Esto es importante porque, sin estas normas, los espacios en línea siguen siendo inseguros y las víctimas a menudo no tienen a quién recurrir.
También refuerza los sistemas de justicia mediante la formación de los operadores y la coordinación entre instituciones, lo cual es crucial para que las víctimas puedan acceder à la ayuda sin miedo ni estigma. La ley también promueve la prevención y la alfabetización digital, ayudando a las personas a comprender y evitar los daños digitales antes de que se produzcan. Crea espacios en línea seguros y democráticos, lo cual es esencial en un mundo en el que gran parte de la vida se desarrolla de forma digital.
Es digno de elogio que el preámbulo de la ley modelo reconozca el papel fundamental que desempeñan las mujeres y las organizaciones feministas, incluidas las Defensoras Digitales, en la documentación y en abordar la violencia digital. Su abogacía política ha sido crucial para dar forma à la ley y garantizar que responda a las necesidades del mundo real. La adopción de esta ley modelo en Fortaleza supone un hito importante en la lucha contra la violencia digital. Reafirma el compromiso de la región de defender los derechos de las mujeres en el ámbito digital y allana el camino para una nueva era de reformas legales e institucionales, no solo en México, sino en toda la región.

El camino recorrido desde la lucha personal de Olimpia Coral Melo hasta la adopción de la Ley Olimpia y, en última instancia, la Ley Modelo Interamericana, resalta un poderoso mensaje de esperanza y resiliencia. Este esfuerzo coordinado demuestra que es posible lograr un cambio significativo cuando los defensores, las organizaciones feministas y la sociedad civil alzan conjuntamente sus voces en favor del cambio. La ley no solo aborda la violencia digital de manera integral, sino que también inspira a los responsables políticos y defensores de todo el mundo, demostrando que los esfuerzos coordinados pueden conducir a importantes reformas legales.
Sin embargo, aunque la adopción de este tipo de leyes en Norteamérica y México es un logro significativo, es fundamental reconocer que muchos países aún carecen de una legislación integral sobre la violencia digital. Según los informes de las Naciones Unidas, solo un número limitado de países ha aplicado este tipo de medidas de protección, lo que deja a muchas mujeres y niñas desprotegidas. Esto refuerza la idea de que solo se logrará la verdadera justicia y seguridad cuando todos los países se tomen en serio la violencia digital y adopten marcos jurídicos integrales.
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Escrito por Lajwanti Menghwar